ACTUALIDAD: El debate sobre las residencias pasivas en Andorra: una decisión con múltiples consecuencias
En las últimas semanas, la Ley ómnibus aprobada por el Consell General ha generado un intenso debate en Andorra, sumando nuevos detractores entre los sectores que tradicionalmente habían colaborado con el Gobierno en materia económica y financiera.
El último episodio que ha encendido los ánimos ha sido la eliminación, de forma repentina y sin previo aviso, de la posibilidad de que los residentes pasivos cumplan con la inversión mínima obligatoria de 600.000 euros mediante instrumentos financieros emitidos por entidades bancarias andorranas. Es decir, los bancos quedan fuera de la ecuación.
Este cambio, que pasó desapercibido hasta su aprobación oficial, ha sorprendido profundamente al sistema financiero del país, que considera que se ha roto el diálogo y la colaboración que hasta ahora habían mantenido con las autoridades. No solo por el fondo, sino sobre todo por la forma, las entidades lamentan haber quedado al margen de un flujo económico que generaba cientos de millones de euros y que servía, además, para alimentar la actividad crediticia y empresarial dentro del país.
La nueva normativa deja intactas otras formas de inversión como los seguros de vida o los depósitos en la Autoridad Financiera Andorrana, lo que paradójicamente da protagonismo a un organismo regulador mientras se excluye a quienes deben ser regulados: los bancos. Esta situación ha sido calificada como contradictoria e incluso injusta, teniendo en cuenta el rol que históricamente ha tenido el sistema financiero en la estructura económica del país.
Actualmente, hay vigentes 3.656 permisos de residencia pasiva, y solo en los últimos dos años se han otorgado 734, lo que supone una entrada de más de 440 millones de euros.
Aunque las cifras pueden variar, se estima que el volumen total generado por esta fórmula de atracción de inversores podría situarse en torno a los 2.000 millones de euros. Una parte muy significativa de esta suma era gestionada por los bancos, hecho que impulsaba la actividad interna, favorecía la concesión de créditos y mantenía estructuras de servicio especializadas.
Ante este nuevo escenario, se vislumbra un cambio de tendencia en el modelo de atracción de residentes. Alternativas como la creación de empresas propias para obtener la residencia como autónomo ganan fuerza, así como las inversiones inmobiliarias, que, a pesar de las restricciones actuales, parecen beneficiarse indirectamente de esta nueva regulación.
La Ley Ómnibus se publicará en el BOPA una vez sea firmada por los copríncipes, lo que se prevé que suceda antes del 28 de marzo. Su entrada en vigor está prevista para el próximo 18 de abril de 2025.
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El Equipo de Plus Serveis i Família