Las reformas fiscales y administrativas aplicadas en Andorra desde 2012 han sido una atractivo para la inversión extranjera y han despertado el interés de empresas, pymes y profesionales para elegir el Principado para sus nuevos negocios.

La pandemia y el postconfinamiento han acrecentado esta tendencia por el atractivo de pagar menos impuestos y, en parte, gracias a la irrupción del teletrabajo, entre profesionales y autónomos.

Las gestorías y consultoras andorranas especialistas en procesos de inversión extranjera avanzan que las peticiones de residencia por cuenta propia –es decir, permiso para establecer una actividad económica y una residencia– en el Principado se doblarán en 2020, pasando de las habituales 250 solicitudes por año a más de 400, un 60% más, según una encuesta realizada entre 25 despachos profesionales.

En 2019, Andorra registró 2.408 solicitudes entre las residencias por cuenta propia y las vinculadas a un permiso de trabajo por cuenta ajena.

La mayoría de las solicitudes provienen de España, un 68%, y Francia, un 17%. Son técnicos especializados en informática, tecnología, el ámbito digital (e-commerce, Youtube, programadores de sistemas o programarios)… que ya trabajan a distancia y con unos ingresos superiores a 200.000 euros brutos anuales y a quienes preocupa la calidad de vida, pero también la fiscalidad y buscan una alternativa para vivir. La capital Andorra la Vella, La Massana o Ordino son los principales emplazamientos elegidos.

La pandemia del coronavirus, su impacto económico y la incertidumbre sobre posibles cambios en política fiscal en España, ha sido el detonante de muchos profesionales para los que la permanente inseguridad jurídica es una amenaza. Sus temores se acrecentaron en pleno confinamiento cuando Unidas Podemos lanzó en mayo una propuesta para crear un impuesto a grandes fortunas con el objetivo de paliar las desigualdades generadas por la crisis económica del coronavirus, planteó la tasa digital y bancaria y retomó su propuesta de la expropiación en sectores como el bancario, eléctrico o agrícola.

Justamente, Mueller explica que tras un parón entre marzo y mediados de abril, las peticiones para residir en Andorra se han disparado “sobre todo por parte de personas que tienen su vivienda en lugares próximos, como Cataluña o el sur de Francia, pero también de España o el resto del estado francés”.

La diferencia con la cifra de expedientes de otros años es que “ahora no sólo eligen el país para constituir una sociedad sino que quieren vivir en el Principado“, añade. “La fiscalidad española es un castigo para profesionales bien retribuidos”, defiende este consultor, “especialmente en territorios como Cataluña con tasas de casi el 50% o cuando Hacienda interpreta que la constitución de una sociedad limitada corresponde a un socio único y obliga a tributar también por IRPF”.

Mientras, con un impuesto sobre la renta del 10% como máximo, Andorra ofrece múltiples ventajas, cobertura de seguridad social y atención médica competitivos, y un coste aceptable en gastos de vivienda, alimentos y servicios públicos.

En lo que va de año, en el Principado también ha repuntado la demanda de latinoamericanos que tienen un vínculo con España y que con la situación actual valoran establecerse fuera, en este caso más por la calidad de vida y por no estar restringida la movilidad internacional por el coronavirus, que por la fiscalidad. Asimismo, Mueller indica que las autoridades andorranas quieren en atraer nuevos profesionales por cuenta propia, “ya que es recurrente que algunos trabajadores por cuenta ajena abandonen el país en momentos de dificultad económica para volver a sus países de origen (España o Portugal)”.

Trámite legal

A nivel legal, la residencia activa por cuenta propia en Andorra está vinculada a la creación de una sociedad, por eso, el primer paso de los nuevos residentes es crear una sociedad para darse de alta en una actividad para a posteriormente pedir la residencia por cuenta propia. Este permiso es válido durante un año y luego hay que validarlo por periodos de dos años hasta llegar a 10 años. Es un proceso largo, porque la petición va acompañada del cumplimiento de una serie de requisitos (como la presentación del certificado sobre antecedentes penales).

Para pedir la residencia por cuenta propia en Andorra el interesado debería tener por lo menos 21% de las acciones de la sociedad, ser uno de los administradores y trabajar a cuenta propia, es decir, como autónomo societario cotizando a la seguridad social. Desde mayo de 2018, el gobierno requiere una fianza no remunerada de 15.000 euros.

Las reformas fiscales y administrativas aplicadas en Andorra desde 2012 han sido una atractivo para la inversión extranjera y han despertado el interés de empresas, pymes y profesionales para elegir el Principado para sus nuevos negocios.

La pandemia y el postconfinamiento han acrecentado esta tendencia por el atractivo de pagar menos impuestos y, en parte, gracias a la irrupción del teletrabajo, entre profesionales y autónomos.

Las gestorías y consultoras andorranas especialistas en procesos de inversión extranjera avanzan que las peticiones de residencia por cuenta propia –es decir, permiso para establecer una actividad económica y una residencia– en el Principado se doblarán en 2020, pasando de las habituales 250 solicitudes por año a más de 400, un 60% más, según una encuesta realizada entre 25 despachos profesionales.

En 2019, Andorra registró 2.408 solicitudes entre las residencias por cuenta propia y las vinculadas a un permiso de trabajo por cuenta ajena.

La mayoría de las solicitudes provienen de España, un 68%, y Francia, un 17%. Son técnicos especializados en informática, tecnología, el ámbito digital (e-commerce, Youtube, programadores de sistemas o programarios)… que ya trabajan a distancia y con unos ingresos superiores a 200.000 euros brutos anuales y a quienes preocupa la calidad de vida, pero también la fiscalidad y buscan una alternativa para vivir. La capital Andorra la Vella, La Massana o Ordino son los principales emplazamientos elegidos.

La pandemia del coronavirus, su impacto económico y la incertidumbre sobre posibles cambios en política fiscal en España, ha sido el detonante de muchos profesionales para los que la permanente inseguridad jurídica es una amenaza. Sus temores se acrecentaron en pleno confinamiento cuando Unidas Podemos lanzó en mayo una propuesta para crear un impuesto a grandes fortunas con el objetivo de paliar las desigualdades generadas por la crisis económica del coronavirus, planteó la tasa digital y bancaria y retomó su propuesta de la expropiación en sectores como el bancario, eléctrico o agrícola.

Justamente, Mueller explica que tras un parón entre marzo y mediados de abril, las peticiones para residir en Andorra se han disparado “sobre todo por parte de personas que tienen su vivienda en lugares próximos, como Cataluña o el sur de Francia, pero también de España o el resto del estado francés”.

La diferencia con la cifra de expedientes de otros años es que “ahora no sólo eligen el país para constituir una sociedad sino que quieren vivir en el Principado“, añade. “La fiscalidad española es un castigo para profesionales bien retribuidos”, defiende este consultor, “especialmente en territorios como Cataluña con tasas de casi el 50% o cuando Hacienda interpreta que la constitución de una sociedad limitada corresponde a un socio único y obliga a tributar también por IRPF”.

Mientras, con un impuesto sobre la renta del 10% como máximo, Andorra ofrece múltiples ventajas, cobertura de seguridad social y atención médica competitivos, y un coste aceptable en gastos de vivienda, alimentos y servicios públicos.

En lo que va de año, en el Principado también ha repuntado la demanda de latinoamericanos que tienen un vínculo con España y que con la situación actual valoran establecerse fuera, en este caso más por la calidad de vida y por no estar restringida la movilidad internacional por el coronavirus, que por la fiscalidad. Asimismo, Mueller indica que las autoridades andorranas quieren en atraer nuevos profesionales por cuenta propia, “ya que es recurrente que algunos trabajadores por cuenta ajena abandonen el país en momentos de dificultad económica para volver a sus países de origen (España o Portugal)”.

Trámite legal

A nivel legal, la residencia activa por cuenta propia en Andorra está vinculada a la creación de una sociedad, por eso, el primer paso de los nuevos residentes es crear una sociedad para darse de alta en una actividad para a posteriormente pedir la residencia por cuenta propia. Este permiso es válido durante un año y luego hay que validarlo por periodos de dos años hasta llegar a 10 años. Es un proceso largo, porque la petición va acompañada del cumplimiento de una serie de requisitos (como la presentación del certificado sobre antecedentes penales).

Para pedir la residencia por cuenta propia en Andorra el interesado debería tener por lo menos 21% de las acciones de la sociedad, ser uno de los administradores y trabajar a cuenta propia, es decir, como autónomo societario cotizando a la seguridad social. Desde mayo de 2018, el gobierno requiere una fianza no remunerada de 15.000 euros.

Artículo de “El Economista”

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